En el marco de un evento de significativa relevancia para el ámbito judicial en México, el Diputado Hugo Alday Nieto, quien preside la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, tomó parte junto al magistrado Heyden Cebada Rivas como representantes del Estado de Quintana Roo, en la sesión inaugural de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM).
Esta sesión inaugural, presidida por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, congregó en el Auditorio de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a las presidentas y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federativas, de las Comisiones de Justicia de los Congresos Locales, de los Consejos de la Judicatura Locales, así como a los representantes de la Presidencia de las Comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, junto con el titular del Consejo de la Judicatura Federal.
Hugo Alday informó que la creación de esta Comisión “es importantísima para que podamos transitar hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que nos permita avanzar en todas las entidades federativas, a efecto de que podamos desahogar una gran cantidad de juicios que tenemos pendientes dentro de todo el poder judicial tanto federal como local.”
Para el diputado petista, la participación activa de cada uno de los actores involucrados en la creación de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento del acceso a una justicia pronta y expedita, resulta crucial para aportar -desde sus campos de acción- argumentos que permitan el correcto funcionamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
Pero ¿qué es la COCIFAM?
La Comisión, es el organismo que se encargará de analizar y acordar las políticas de coordinación necesarias para su instrumentación, así como de la armonización legislativa correspondiente, en el país, para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
Como representante del estado de Quintana Roo, Hugo Alday indicó que “la COCIFAM destaca por su rol en el establecimiento de los cimientos que permiten el desarrollo de aptitudes, habilidades y buenas prácticas esenciales para quienes trabajan bajo el CNPCyF. Asimismo, desempeñará un papel crucial en la creación de un sistema de certificación que otorgue validez ante los tribunales, instituciones educativas y centros judiciales a quienes apliquen este Código”.
Además, esta Comisión se encargará de emitir los criterios que aseguren una distribución equitativa y precisa de los recursos públicos asignados a los poderes judiciales, garantizando así la correcta implementación del CNPCyF. Al mismo tiempo, colaborará en la definición de las bases de coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual resultará en la armonización de aspectos regulatorios y operativos en torno a la información judicial y la creación del Sistema Nacional de Información Jurisdiccional, una plataforma digital de relevancia.
La COCIFAM también asumirá la responsabilidad de generar propuestas con miras a la asignación, distribución y supervisión de los recursos aprobados. Asimismo, será la encargada de formular políticas destinadas a la implementación exitosa del CNPCyF.
Esta comisión, en consonancia con su alcance, tomará decisiones relevantes en la organización de sistemas de trabajo, la operación de salas y audiencias, así como la gestión de casos en los ámbitos judiciales tanto federales como locales durante la implementación del mencionado Código programación de audiencias y manejo de casos, que deberán ser ejecutados tanto en los poderes judiciales federales como locales durante la aplicación del Código.
Cabe destacar que apenas hace unos meses el Diputado Hugo Alday, informó sobre la reforma y adición de cerca de 100 artículos del Código Civil de Quintana Roo, con lo cual, la participación en esta comisión es crucial para completar lo realizado desde la XVII Legislatura.
Este evento, marca el comienzo de una fase crucial en el camino hacia la consolidación de un sistema de justicia civil y familiar más eficiente y equitativo en México y refuerza el compromiso de diversos actores clave en la promoción de un sistema judicial ágil y transparente para todos los ciudadanos del país.
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