En un hito histórico para México, el 6 de septiembre de 2023 quedará marcado como el día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la legalización del aborto en todo el país. Este acontecimiento representa el culmen de años de lucha incansable por parte de miles de mujeres.
La SCJN anunció la resolución a través de su cuenta oficial de Twitter, informando que la decisión fue positiva en la discusión sobre la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas sin implicaciones legales. Según sus declaraciones, la Primera Sala de la Corte concluyó que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal era inconstitucional, ya que violaba los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
El tema del aborto ha sido, sin lugar a dudas, uno de los asuntos más polémicos y debatidos en el ámbito de la salud pública en México. Por lo tanto, la decisión de eliminar la posibilidad de encarcelar a las mujeres por esta práctica representa un avance significativo en sus derechos.
A pesar de que la Ciudad de México ya había despenalizado el aborto durante varios años y había logrado reducir a cero las muertes por esta causa, aún existen estados en los que llevar a cabo un aborto puede llevar a consecuencias legales graves tanto para la mujer gestante como para el médico involucrado.
Esta medida es de vital importancia para que todas las mujeres en México tengan acceso legal, seguro y gratuito a un procedimiento que debe ser una decisión exclusiva de ellas.
La reacción del público en línea ante la despenalización ha sido diversa, con opiniones divididas entre diferentes ideologías y perspectivas morales. Mientras algunos celebran la decisión por considerar que otorga a las mujeres mexicanas el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos, otros continúan viendo el aborto como un acto de asesinato que no debe respaldarse mediante leyes, pese a que obligar a una madre a tener un hijo no deseado contribuye al alto índice de maltrato infantil en México.
Gracias a un amparo presentado por la organización feminista Gire, la Primera Sala de la Corte dictaminó que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal era inconstitucional.
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